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Una investigación de ARDE y Satya Animal destapó las condiciones en las que vivían miles de gallinas en una explotación avícola mallorquina. Gallinas vivas conviviendo con cadáveres, instalaciones en condiciones higiénicas deficientes, animales muertos sin retirar y graves problemas de bioseguridad fueron algunas de las irregularidades documentadas. Tras la denuncia, el Govern de les Illes Balears abrió un expediente sancionador e impuso una multa de 200.100 euros.
La sanción supuso un reconocimiento de la gravedad de las irregularidades detectadas. El expediente recogió siete infracciones graves y una leve, relacionadas con cuestiones como la higiene de las instalaciones, la retirada de animales muertos, la gestión de registros y las medidas de bioseguridad. Una de las naves de la explotación fue cerrada de manera preventiva. El Govern ordenó el cierre antes de final de 2025 de 4 de las 6 naves.
Pero para ARDE, esta sanción está lejos de ser suficiente. La explotación pertenece a una empresa con una facturación anual cercana a los 30 millones de euros. Frente a ese volumen de negocio, una multa de 200.100 euros difícilmente puede funcionar como un elemento disuasorio. De hecho, la resolución contemplaba inicialmente sanciones hasta los 420.000 euros.
Una investigación que puso el foco sobre la explotación
La investigación de ARDE permitió documentar el interior de una explotación en la que las condiciones de los animales y de las instalaciones estaban muy lejos de lo que debería exigirse a una granja que opera legalmente. Las imágenes mostraban suciedad acumulada, animales muertos junto a gallinas vivas y otras deficiencias que posteriormente fueron objeto de inspección por parte de los servicios veterinarios y el Seprona.
La gravedad de la situación llevó a que, al día siguiente de la publicación de la primera investigación, técnicos de Agricultura y agentes del Seprona acudieran a la explotación para realizar una inspección. En una de las naves, identificada como la nave 7, se localizaron alrededor de 20.000 gallinas y unas condiciones higiénicas especialmente deficientes. La nave fue cerrada temporalmente como medida preventiva y los animales terminaron siendo sacrificados mediante un proceso de «vaciado sanitario».
La inspección permitió además documentar diferentes incumplimientos que posteriormente quedaron reflejados en el expediente sancionador. Entre ellos se encontraban la presencia de animales muertos que no habían sido retirados, deficiencias en los registros obligatorios, problemas graves de higiene, cadáveres de roedores en zonas de drenaje conectadas con el exterior y deficiencias en las medidas de bioseguridad. También se detectaron problemas en los pediluvios destinados a evitar la entrada y propagación de agentes patógenos.
No se trataba, por tanto, de un único incidente aislado. El expediente administrativo describió varias infracciones graves y señaló que las irregularidades no podían considerarse simples descuidos. La documentación recogía un grado de intencionalidad o, como mínimo, una falta evidente de diligencia por parte de la empresa, que ya conocía sus obligaciones.
Gallinas vivas y cadáveres compartiendo espacio
Uno de los elementos más graves documentados durante la investigación fue la convivencia de gallinas vivas con animales muertos dentro de las instalaciones. Las imágenes obtenidas por ARDE mostraron las condiciones en las que se encontraban los animales y fueron determinantes para poner el caso en conocimiento de las autoridades.
La normativa establece obligaciones concretas respecto a la retirada de animales muertos y las condiciones higiénico-sanitarias de las explotaciones. Sin embargo, durante la inspección se constató la existencia de cadáveres que no habían sido retirados en los plazos correspondientes, además de otras deficiencias que comprometían las condiciones de higiene y bioseguridad de la explotación.
Entre las irregularidades más llamativas también se encontraron ocho cadáveres de ratas en descomposición en una zona de drenaje conectada con el exterior, además de problemas relacionados con la presencia de roedores y con las condiciones de los sistemas destinados a controlar la entrada de agentes contaminantes.
La investigación puso así sobre la mesa una cuestión que va mucho más allá de una multa concreta: qué ocurre cuando una empresa puede mantener durante años una explotación en estas condiciones y las consecuencias económicas de las infracciones no son suficientes para hacer inviable continuar de la misma manera.
200.000 euros no bastan
Para ARDE, los 200.100 euros de multa no pueden presentarse como el punto final de este caso. La organización considera que una sanción de esta magnitud no resulta verdaderamente disuasoria para una empresa que mueve decenas de millones de euros al año y que, además, ya había recibido advertencias e inspecciones anteriores.
La propia existencia del expediente demuestra que las imágenes difundidas por la investigación no eran una exageración ni una interpretación subjetiva de lo ocurrido. Las autoridades reconocieron múltiples incumplimientos y sancionaron a la empresa por ellos. Sin embargo, para ARDE, que una explotación pueda recibir una multa y continuar funcionando no soluciona el problema de fondo.
«La sanción es irrisoria. Para una empresa con una facturación cercana a los 30 millones de euros anuales, una multa de 200.000 euros no supone un elemento suficientemente disuasorio. La única solución efectiva es el cierre completo de la explotación».
— Julia Elizalde, portavoz de ARDE
El caso de Mallorca demuestra que las granjas de los horrores no son una excepción
El caso de esta explotación no puede entenderse únicamente como la historia de una empresa que incumplió determinadas obligaciones. Investigación tras investigación vemos que la violencia hacia los animales es intrínseca a la existencia de las granjas, a la explotación animal. No es una situación aislada sino un patrón de violencia.
Por eso, para ARDE, el objetivo no es simplemente conseguir una multa o una inspección después de que una investigación salga a la luz. El objetivo es acabar con las granjas de los horrores y evitar que se sigan construyendo nuevas explotaciones.
La denuncia consiguió que lo que ocurría dentro de la explotación dejara de estar oculto. Consiguió una inspección, un expediente sancionador y una multa de 200.100 euros. Pero todavía queda mucho por hacer para acabar con la explotación animal en las granjas.
Hay que acabar con las granjas de los horrores
No basta con actuar cuando las imágenes salen a la luz. No basta con imponer una multa después de que miles de animales hayan pasado por estas condiciones. Y no basta con cerrar una parte de una explotación mientras el sistema que permite que estas situaciones ocurran continúa intacto.
Hay que acabar con las granjas de los horrores.
Y tú puedes formar parte de ese cambio. Firma la petición para exigir que se ponga fin a las granjas de los horrores y que no se construya ninguna más.
